Se estima que sólo en la Sierra Sur del Perú, desde la década de 90, el Estado peruano ha suscrito contratos con aproximadamente 1.000 comunidades y transferido directamente a las cuentas de estas más de 20 millones de dólares provenientes de préstamos del FIDA. Cada comunidad tiene su propia historia y complicaciones, pero todas son esencialmente instituciones democráticas que eligen a sus directivas regularmente cada dos años, permitiendo a que cada comunero asuma responsabilidades de gestión pública. Estas directivas son muy distintas dependiendo de la organización, de liderazgos individuales y de muchos factores, y es notable el creciente número de mujeres que van asumiendo cargos. Por Roberto Haudry.